El Ministerio Público, a través del agente fiscal Alberto Torres Flores, presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio oral contra una mujer de 28 años, imputada por los supuestos hechos punibles de extorsión, extorsión agravada y coacción.
La causa fue elevada ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, en el marco de una investigación que se habría extendido entre 2019 y 2025.
Según la acusación, la relación entre la procesada y la víctima —un hombre de 71 años— habría iniciado como un vínculo sentimental, tras lo cual la mujer habría comunicado un supuesto embarazo, atribuyendo la paternidad al denunciante. A partir de allí, habrían comenzado reiteradas exigencias económicas para gastos de embarazo, parto y manutención de una menor.
El Ministerio Público sostiene que los pagos se habrían mantenido durante años bajo presiones y amenazas, incluso luego del nacimiento de la niña, bajo conceptos de alimentación, educación y otros gastos.
La investigación indica que, al descubrir que la menor no sería su hija biológica, la víctima habría cesado los pagos, lo que derivó en nuevas amenazas de denuncias penales por supuestos delitos sexuales contra la menor. En ese contexto, se habría exigido la suma de 15 millones de guaraníes.
La Fiscalía afirma que el dinero fue entregado el 11 de febrero de 2025 y que, pese a un acta de desistimiento firmada en escribanía, las amenazas habrían continuado posteriormente.